EL EMPERADOR Y LOS JURISTAS

E ENTRE TODOS los pueblos de la Antigüedad, tan sólo en Roma se dieron las condiciones culturales precisas para la formación y desarrollo de un ordenamiento jurídico elaborado y controlado por particulares expertos en discernir lo justo de lo injusto: los jurisprudentes o juristas. Vinculada en sus orígenes al colegio de pontífices, la ciencia jurídica, una vez secularizada, se mantuvo ligada a la aristocracia patricio-plebeya de gobierno hasta poco antes de la caída de la República, cuando, al igual que había pasado algunos decenios atrás en el ámbito judicial, se produce la entrada de elementos procedentes del orden ecuestre en el ámbito jurisprudencial.

Entre los proyectos reformadores que Julio César llevaba entre manos cuando cayó asesinado, se encontraba una codificación del Derecho, que contaba con el apoyo de algún jurista de su confianza, pero con la oposición de casi todos los demás, que con esa medida veían peligrar su tradicional gestión del derecho privado. Augusto no retomó el plan «rupturista» de César; fuera por la oposición de Labeón—el jurista más importante y de mayor coraje del momento, que estaba firmemente persuadido de la necesidad de salvaguardar la naturaleza científica del Derecho para no desvirtuar su función política—, o fuese sin más por el convencimiento o el interés de Augusto, que presentaba el nuevo régimen bajo la apariencia ideológica de restauración del viejo orden republicano, el caso es que el príncipe prefirió desmarcarse del proyecto cesariano y se limitó a efectuar una sutil maniobra, hábilmente justificada, que iba a marcar para siempre la jurisprudencia romana: el emperador, «para que la autoridad del Derecho fuera mayor», otorgaba un título especial a algunos juristas, en principio a los mejores, y con ello su autoridad quedaba reforzada al contar con el respaldo de la máxima autoridad imperial.

El régimen de esa concesión quedó institucionalizado con Tiberio. A partir de entonces, las opiniones de los juristas privilegiados serían las que de verdad iban a contar en la práctica, en especial para los jueces, que debían seguirlas a la hora de resolver los litigios a ellos confiados. El correcto uso que tanto los emperadores como los juristas hicieron del delicado mecanismo propició que éste funcionara sin sobresaltos durante mucho tiempo.

En los comienzos del Principado, la relación del emperador con los juristas, sobre todo con los pertenecientes a tradicionales familias senatoriales, fue a veces dificil; el caso más representativo es el del ya mencionado Labeón (aprox. 50 a.C.-l5 d.c.), hijo de uno de los cesaricidas, persona incorruptible y de gran fama pública, que mantuvo siempre una relación de hostilidad hacia Augusto; esa independencia suya frente al poder político, aunque no su hostilidad hacia el príncipe, parece que se transmitió a sus discípulos:Nerva (abuelo del futuro emperador) y Próculo. Más acomodaticio con el poder político se mostró en general otro sector de los juristas. Dificultades objetivas se presentaron a los jurisconsultos bajo emperadores como Calígula, Claudio o Nerón, mientras se abre una nueva era para ellos con la dinastía Flavia, cuando Vespasiano empieza a asociar a los más relevantes juristas a la administración del Imperio.

De todos modos, el verdadero cambio se produce con Adriano, cuando se consolida el Consejo Imperial y los mejores juristas son llamados a formar parte del mismo, y ellos aceptan. En ese momento la jurisprudencia bascula, y el tradicional jurista independiente deja paso al jurista burocrático, que cobra por sus servicios y que insensiblemente se convierte en instrumento al servicio de la política imperial.La mutación es muy importante, pues a pesar de la relevancia que el sector profesional de los juristas alcanza en la administración, la burocratización de la jurisprudencia iba a determinar la pérdida de la identidad de la misma como portadora de una función autónoma fiente al poder político; desde Adriano, los juristas, ni como personas individuales ni como grupo, constituyen ya ninguna alternativa política, cultural o ideológica al poder imperial.

CON LA DINASTÍA de los emperadores Severos (193-235 d.c.), algunos juristas llegan incluso a ocupar la prefectura del Pretorio, el más alto cargo ejecutivo después del emperador. Así ocurre con Papiniano y Ulpiano, que tuvieron muertes especialmente dignas y dramáticas que contribuirían a su mitificación. Emilio Papiniano (hacia 150-212 d.C.), que había sido prefecto del Pretorio con Septimio Severo, se negó a justificar el asesinato de Geta a manos de su hermano Caracalla, por lo que éste lo mandó ejecutar. Su discípulo Domicio Ulpiano (hacia 1 70-223 d.c.), que gobernaba Roma mientras Alejandro Severo era poco más que un niño, se trazó la titánica tarea de sacar adelante la que se revelaría a la postre como última tentativa de privilegiar al estamento civil frente al militar, saldada con su asesinato a manos de los pretorianos ante los aterrados ojos del todavía adolescente emperador. Corría probablemente el mes de agosto del año 223 d.C., y esa escena, de una fuerza plástica arrolladora, puede ser contemplada simbólicamente como el inicio de la cuenta atrás para la salida de la jurisprudencia creadora de la escena pública.

El asesinato de Alejandro Severo a las puertas de Maguncia el 20 de marzo de 235 pone punto final al Principado, y viene a ponerlo de hecho también a la jurisprudencia creadora. A la caótica situación en que se verá sumido el Imperio durante medio siglo, sólo será capaz de poner fin una gran personalidad como la del general ilírico Diocleciano (284-305 d.C.), pero el nuevo régimen instaurado por éste se manifestará ya incompatible con la existencia de unos profesionales libres, como habían sido los juristas clásicos.

Javier Paricio. Catedrático de Derecho Romano