LA EXPULSIÓN DE LOS AFRANCESADOS

adrid, 30 de mayo de 1814 — El rey Femando VII promulga un decreto expulsando de España a todos los afrancesados.A pesar del acuerdo sellado con Napoleón en Valençay (11.12.1813), la vuelta de Fernando VII a España supone para los afrancesados el inicio de una etapa represiva, que es en sus dos aspectos, legal y popular, extraordinariamente dura. El régimen moderado de la Regencia y de Wellington es pronto superado por una oleada de odio, que amenaza con hacer naufragar la justicia en medio de un rencor contenido durante años. Una de las más graves medidas es la condena de destierro a todos aquellos que han aceptado cargos durante el reinado de José I. Esta medida es completada por las del 21 y 29 de septiembre, que declaran a los josefinos incapaces de desempeñar cargos públicos y ordenan el arresto de todas las personas con opiniones políticas sospechosas. Las esposas de los funcionarios de José I, son obligadas a ingresar en conventos o a pagar una fianza. Se prohíbe escribir a los fugitivos, bajo pena de muerte. Los afrancesados que permanecen en España son obligados a declarar por escrito el tipo de cargo y el tiempo que lo han desempeñado. Se crea un tribunal de vigilancia y apelación. Son duros castigos, pero nadie los critica ni pueden atribuirse estrictamente a la «política de Fernando VII», ya que el pueblo los espera. Surge un movimiento popular incontrolado de repulsa y castigo que causa graves daños, muchas veces sin discriminar la culpa de las personas perjudicadas por él.